La iniciativa surge en un
Es inaceptable que, pese a las alertas, solicitudes reiteradas y al evidente riesgo que enfrenta, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta no hayan actuado con la urgencia, responsabilidad y eficacia que la situación demanda.
La falta de celeridad y de medidas de protección adecuadas constituye una omisión grave que pone en riesgo la vida de una lideresa política, su familia y el ejercicio democrático en el territorio. Esta desprotección no puede entenderse como un simple retraso administrativo: es una falla institucional que podría tener consecuencias irreparables.
Advertimos que cualquier afectación a la integridad de la diputada Rosita Jiménez será responsabilidad directa de las entidades que hoy no están cumpliendo con su deber de protección.
Exigimos el reforzamiento inmediato de su esquema de seguridad, de forma integral, efectivo y acorde al nivel de riesgo, puesto que el vehículo en el que se movilizaba quedó destruído tras el atentado. Pedimos articulación real entre las autoridades competentes que garantice resultados verificables y no respuestas dilatorias.
La democracia no puede sostenerse sobre el abandono institucional ni sobre la indiferencia frente a las amenazas contra quienes ejercen liderazgo público.
No guardaremos silencio frente a la desprotección.
